Lunes 23 de Enero de 2012
Madrid, España, 22 de enero del 2012.- La ausencia de una Ley de Acceso a la Información Pública en España es una muestra del incumplimiento con los tratados y compromisos internacionales, que impide mejorar la lucha contra la corrupción en el país, según Access Info Europe.
En entrevista, la investigadora jurídica de esta organización no gubernamental que promueve el acceso a la información pública en Europa, Victoria Anderica Caffarena, habló sobre la necesidad de crear ese instrumento, que de hacerlo incidiría en menos corrupción.
En las últimas semanas en España ha aumentado el debate sobre cómo prevenir mejor la corrupción, tanto por parte de políticos como la vinculación con empresas y particulares, debido a escándalos que protagonizan la actualidad mediática.
La representante de AIE expuso que la relación entre transparencia y corrupción “es evidente, ya que a mayor transparencia menos corrupción, de hecho los tratados internacionales apuntan la necesidad de leyes de transparencia que obliguen a las instituciones a rendir cuentas”.
En concreto, refirió que se trata de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (UNAC, por sus siglas en inglés) y el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), del Consejo de Europa, con lo que se ha incumplido.
Anderica Caffarena apuntó que la UNCAC establece la obligación de adoptar una ley de acceso a la información, evaluar su correcto funcionamiento e implementación y crear un órgano independiente garante del derecho.
“España firmó la UNCAC en 2006, pero hoy por hoy sigue sin haber cumplido con muchas de sus provisiones”, recalcó sobre el incumplimiento con lo establecido por el GRECO, que cuenta con una Convención del Consejo de Europa sobre el Acceso a Documentos Públicos.
“España como firmante de la UNCAC debe implementar ciertas medidas para combatir la corrupción y dar cuenta de estas en una autoevaluación que debe ser publicada y discutida con expertos internacionales en la materia y sociedad civil”, enfatizó.
Además, explicó que “España es el único país de los 47 miembros del Consejo de Europa con más de un millón de habitantes que no cuenta con una Ley de Acceso a la Información Pública”.
Destacó que ambos tratados establecen el derecho de acceso a la información como “fundamental e instrumental, ya que es utilizado para proteger y asegurar el cumplimiento y respeto de otros derechos”.
“El derecho de acceso a la información resulta esencial para que la sociedad pueda exigir una rendición de cuentas a los gobiernos y reclamar lo que no se está haciendo debidamente o al menos según lo prometido”, abundó.
En entrevista, la investigadora jurídica de esta organización no gubernamental que promueve el acceso a la información pública en Europa, Victoria Anderica Caffarena, habló sobre la necesidad de crear ese instrumento, que de hacerlo incidiría en menos corrupción.
En las últimas semanas en España ha aumentado el debate sobre cómo prevenir mejor la corrupción, tanto por parte de políticos como la vinculación con empresas y particulares, debido a escándalos que protagonizan la actualidad mediática.
La representante de AIE expuso que la relación entre transparencia y corrupción “es evidente, ya que a mayor transparencia menos corrupción, de hecho los tratados internacionales apuntan la necesidad de leyes de transparencia que obliguen a las instituciones a rendir cuentas”.
En concreto, refirió que se trata de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (UNAC, por sus siglas en inglés) y el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), del Consejo de Europa, con lo que se ha incumplido.
Anderica Caffarena apuntó que la UNCAC establece la obligación de adoptar una ley de acceso a la información, evaluar su correcto funcionamiento e implementación y crear un órgano independiente garante del derecho.
“España firmó la UNCAC en 2006, pero hoy por hoy sigue sin haber cumplido con muchas de sus provisiones”, recalcó sobre el incumplimiento con lo establecido por el GRECO, que cuenta con una Convención del Consejo de Europa sobre el Acceso a Documentos Públicos.
“España como firmante de la UNCAC debe implementar ciertas medidas para combatir la corrupción y dar cuenta de estas en una autoevaluación que debe ser publicada y discutida con expertos internacionales en la materia y sociedad civil”, enfatizó.
Además, explicó que “España es el único país de los 47 miembros del Consejo de Europa con más de un millón de habitantes que no cuenta con una Ley de Acceso a la Información Pública”.
Destacó que ambos tratados establecen el derecho de acceso a la información como “fundamental e instrumental, ya que es utilizado para proteger y asegurar el cumplimiento y respeto de otros derechos”.
“El derecho de acceso a la información resulta esencial para que la sociedad pueda exigir una rendición de cuentas a los gobiernos y reclamar lo que no se está haciendo debidamente o al menos según lo prometido”, abundó.
